La masiva importación de ropa china concentra actualmente el 80% de todas las prendas que ingresan a competir al territorio peruano, en un contexto crítico donde el Ejecutivo acaba de oficializar medidas extremas de auxilio para los talleres nacionales. De acuerdo con una investigación periodística de OjoPúblico basada en el análisis de más de 200 subpartidas arancelarias, ocho de cada diez toneladas de prendas importadas en lo que va del año provienen del gigante asiático, agudizando la presión sobre los micro y pequeños confeccionistas de conglomerados productivos como Gamarra.
El flujo de confecciones extranjeras hacia los almacenes y tiendas del país muestra una curva ascendente sostenida. En un periodo de cinco años, el ingreso de prendas e insumos textiles originarios de China se incrementó en un 36%. Las estadísticas de comercio exterior revelan que el volumen total de ropa importada que entró al Perú desde diversos mercados pasó de 66 mil toneladas registradas en 2021 a superar las 89 mil toneladas hacia el cierre de 2025.
Este incremento sostenido en la importación de ropa china coincide directamente con una severa contracción fabril en el país. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) documentó un retroceso del 13% en la producción anual de confecciones, al que se suma un descenso del 5% en la rama de hilados y tejidos. Dicho escenario forzó la emisión del Decreto Supremo N.° 014-2026-PRODUCE, mediante el cual el Gobierno declaró formalmente en emergencia al sector textil y confecciones por un periodo de 120 días.
La distancia entre los costos de fabricación de las mypes peruanas y las cotizaciones de las prendas asiáticas deja márgenes de rentabilidad mínimos o nulos para los emprendedores locales. En talleres de confección de La Victoria, empresarios como Blancaluz Mamani Huaricacha —con cuatro décadas en el rubro— ilustran la complejidad del proceso productivo de prendas pesadas como pantalones de mezclilla (denim). Confeccionar un jean exige encadenar al menos tres servicios especializados: corte y costura, lavandería industrial y teñido.
Frente al volumen que representa la importación de ropa china, los gremios de confeccionistas reclaman la puesta en marcha de medidas comerciales extraordinarias de protección, tales como las salvaguardias. Estos gravámenes arancelarios temporales buscan mitigar o evitar un daño grave o una amenaza inminente a la producción interna cuando las importaciones se disparan de manera acelerada.
Sin embargo, el camino institucional para aplicar estos frenos comerciales ha quedado truncado en repetidas ocasiones. El intento más cercano de imponer salvaguardias al sector confecciones concluyó en 2023, cuando una Comisión Multisectorial integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo desestimó su adopción. Por su parte, los grandes fabricantes de tejidos planos y de punto han recurrido a denuncias por derechos antidumping ante la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi, aunque consideran que se trata de procedimientos prolongados, costosos y con elevadas exigencias probatorias.
La crisis que atraviesa la cadena de valor textil no solo se refleja en la presencia de artículos foráneos, sino en la paralización progresiva de la maquinaria instalada en el país. Datos oficiales recogidos en el decreto de emergencia emitido por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) reflejan la gravedad del deterioro industrial:
El plan de reactivación proyectado por las autoridades abarca garantías crediticias transitorias para inyectar liquidez a las microempresas, asistencia técnica integral enfocada en elevar la calidad y la gestión de procesos, y compras estatales priorizadas mediante ferias y ruedas de negocio para la adquisición de uniformes escolares.
La persistente importación de ropa china coloca a la industria textil peruana frente a una encrucijada estructural. En términos comerciales, el flujo incesante de prendas a bajo costo desplaza la demanda del consumidor hacia alternativas sintéticas baratas, debilitando el mercado interno del que dependen miles de familias y recortando el empleo en los centros de corte, confección y acabado.
Para mitigar esta vulnerabilidad, las empresas y talleres formales deben redoblar sus esfuerzos en la diferenciación por valor agregado. Esto incluye capitalizar la ventaja competitiva de fibras peruanas de alta calidad, la modernización del diseño y el fortalecimiento de marcas propias mediante herramientas digitales. Asimismo, el sector formal demanda que las medidas contenidas en la declaratoria de emergencia no se limiten al crédito, sino que aceleren la fiscalización aduanera contra prácticas que distorsionan el comercio y aseguren la inserción efectiva de la confección nacional en las compras institucionales del Estado.
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